A priori, el sector audiovisual español, en general, entiende bien el concepto de la transparencia. En este sentido, puede afirmarse que, al preguntar a los agentes audiovisuales sobre los diferentes parámetros que integran el concepto de transparencia (su relación iusinformativa con el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, la creación y mantenimiento de archivos y registros de documentos, la formación de personal especializado, la disponibilidad de documentos en cualquier soporte, el acceso electrónico a documentos, la orientación al ciudadano en el ejercicio del acceso), y sus implicaciones (libre competencia y pluralismo, eficacia de la actividad de la institución, independencia frente a la Administración y frente a presiones de terceros, acceso a información cualitativa, control de prácticas abusivas, confianza del mercado y consumidores), el grado medio de comprensión por parte de los encuestados es elevado y se sitúa en torno a un 73,68%.

Por categorías de agentes encuestados, el gráfico 1 indica asimismo que quienes comprenden mejor el significado de la transparencia son las empresas audiovisuales que cotizan en bolsa (76,65%) y los organismos reguladores y de control (74%). En su caso, las empresas no cotizadas muestran un nivel de comprensión menor del concepto de transparencia (70,4%) con relación a las otras categorías de agentes.

Teniendo en cuenta este nivel elevado de comprensión de la transparencia, se ha pedido a los agentes audiovisuales que valoren en términos de transparencia u opacidad, por un lado, al sector audiovisual en el plano nacional y supranacional; y, por otro, a su propia organización.

En el primer caso, la escala de valoración propuesta ha sido la siguiente: 1-2, opacidad; 2-3, tendencia a la opacidad; 3-4, tendencia a la transparencia; 4-5, niveles óptimos o muy óptimos de transparencia.

El gráfico 2 muestra que, en términos comparativos, tanto los organismos reguladores y de control como las empresas audiovisuales cotizadas consideran los sectores audiovisuales español y comunitario más opacos o con mayor tendencia a la opacidad que el sector audiovisual norteamericano. Así, los organismos reguladores y de control manifiestan que los sectores español y comunitario tienen tendencia a la opacidad (2,5); las empresas cotizadas sitúan estos sectores en niveles de opacidad (1) o tendencia a la opacidad (2), mientras que el sector norteamericano es considerado transparente (4) por los organismos reguladores, y con una tendencia a la opacidad (2,5), aunque menor que el sector español y comunitario, en el caso de las empresas cotizadas.

Una última consideración que se desprende de la evaluación conjunta realizada por los agentes es la valoración positiva que hacen las empresas no cotizadas de los sectores audiovisuales español, comunitario y norteamericano, a los que sitúan, en todos los casos, en niveles muy óptimos de transparencia (5), apartándose así de la percepción negativa que tienen tanto organismos reguladores y de control como empresas cotizadas de los sectores audiovisuales analizados.

Asimismo, cuando se pide a los agentes audiovisuales que valoren en qué medida su institución o empresa es transparente, la totalidad de los encuestados responde afirmativamente, según queda reflejado en el gráfico 3.

Puede apreciarse, por tanto, cómo parece existir una coherencia entre la comprensión y la percepción: los agentes audiovisuales encuestados comprenden el significado de la transparencia y, aunque valoran negativamente el sector español en términos de transparencia, identifican, no obstante, su institución o empresa como una organización transparente.

Sin embargo, el análisis pormenorizado del grado de comprensión de los parámetros indicadores de la transparencia y del nivel de práctica real de ciertas obligaciones que impone una política óptima de transparencia evidencia algunas contradicciones. Tales contradicciones, en realidad, ponen de relieve que, si bien los agentes encuestados tienen un grado de entendimiento aceptable, incluso elevado, del concepto general de transparencia, sin embargo, no se extraen siempre las consecuencias necesarias que se derivan del concepto  Algunos ejemplos pueden servir para ilustrar la cuestión.

El análisis de los sitios web correspondientes al sector público audiovisual (Administración competente, federaciones y asociaciones audiovisuales representativas, empresas de radiodifusión públicas) y el sector privado de televisiones, radios, productoras, exhibidoras, y distribuidoras (ya sean empresas cotizadas, participadas por grupos de comunicación cotizados, o no cotizadas) revela que no siempre se pone a disposición del ciudadano toda la información deseable para que la organización alcance unos niveles óptimos de transparencia.

En el gráfico 4 se identifica la información general que, bien por imperativo de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, bien porque los estándares internacionales así lo exigen, han de incluir los agentes públicos y privados en sus respectivos sitios web para que éstos sean transparentes y accesibles.

Hay que advertir que no se han incluido los porcentajes exactos de cada concepto en el gráfico y se ha optado por comentar aquellos datos más representativos indicando el porcentaje aproximado que corresponde a los mismos. En cualquier caso, los valores porcentuales de cada categoría quedan reflejados en términos relativos en el eje de abscisas.

Como puede apreciarse la tendencia general es a la omisión en un porcentaje amplio de cada una de las categorías de información en los respectivos sitios web. Por resaltar algunos datos llamativos, más del 60% de los sitios web públicos y privados analizados no incluye referencias al organigrama, a los nombres de las personas responsables, a los puestos de responsabilidad, a las formas de contacto con los departamentos y responsables de los mismos (teléfonos, correos electrónicos).

La misma tendencia se advierte, si se analiza la información sobre financiación y ayudas públicas al sector audiovisual otorgadas por las Administraciones competentes o, en su caso, recibidas por las empresas públicas y privadas audiovisuales, pues, al menos un 80% de los sitios web analizados no disponen de tal información, a lo que hay que sumar los problemas técnicos de acceso o la ausencia de dominio propio en los mismos porcentajes expresados anteriormente. La publicidad de la financiación y ayudas concedidas por la Administración al sector audiovisual, especialmente, la identificación de los agentes del sector receptores de dicha financiación o ayudas, y viceversa, la publicidad de la financiación o ayudas recibidas por los agentes del sector debiera ser objeto de difusión electrónica, como una forma de control y rendición de cuentas sobre el dinero público que se destina a la denominada “excepción cultural” por parte de la Administración y que perciben los agentes audiovisuales. Con ello, por otra parte, se daría cumplimiento a la normativa y recomendaciones comunitarias en materia de financiación y ayudas públicas al sector audiovisual.

En términos similares se comprueba la omisión de datos con respecto a la  información relativa a las empresas audiovisuales inscritas en Registros Públicos, de obligada publicidad externa y de libre acceso por imperativo legal, pues, el porcentaje de agentes públicos y privados que no permiten el acceso a esta  información de interés general en sus sitios electrónicos alcanza prácticamente el 70%. Porcentajes parecidos de omisión se aprecian en el caso de las referencias a políticas de transparencia (casi un 80%) o de disponibilidad de un Registro informatizado de Documentos accesibles por el ciudadano en poder de la organización (alrededor de un 70%).

Si se extrae la media porcentual del total de información difundida y omitida, por unas razones o por otras, se obtiene el nivel de transparencia y opacidad general de los sitios web correspondientes a los agentes públicos y privados del sector audiovisual. Tales porcentajes quedarían expresados en el gráfico 5.

Los resultados obtenidos permiten concluir que, al menos, un 67% de los sitios web analizados no alcanza los niveles óptimos de transparencia que serían exigibles, bien por prescripción legal, bien por referencia a los estándares internacionales, a lo que deben añadirse los problemas técnicos de acceso (10%) y la ausencia de dominio propio (1%). En cambio, un 22% de los sitios electrónicos muestra unos niveles de transparencia adecuados y, en ese sentido, deben ser valorados muy positivamente.

Siguiendo con algunas de las contradicciones que se han advertido entre la percepción, el conocimiento y la práctica de la transparencia, el 100% de los agentes audiovisuales encuestados manifiesta que la transparencia forma parte de la política de comunicación interna y externa de la institución o empresa, según se indica en el gráfico 6.

Sin embargo, el análisis de las páginas web institucionales y corporativas de los distintos agentes que integran el sector audiovisual muestra un porcentaje escaso de referencias a la política de transparencia de la rganización. El gráfico 7 ofrece los siguientes datos.

Este porcentaje escaso de sitios web (12%) con referencias a la política de transparencia se traduce en que la mayoría de los agentes audiovisuales no dispone de una política institucionalizada de transparencia, lo que se traduce en opacidad; o, si disponen de ella, no la dan a conocer al ciudadano a través del sitio web, lo que daría una percepción errónea de opacidad. A ello hay que añadir un 8% de problemas técnicos a la hora de acceder al sitio electrónico y un 1% de ausencia de dominio propio. El alto nivel de opacidad, en este sentido, con respecto a la política de comunicación en materia de transparencia, contrasta con los datos mostrados en el gráfico anterior donde la totalidad de agentes encuestados manifestaba que la transparencia formaba parte de la política de comunicación interna y externa de la organización.

Asimismo, cuando se pretende averiguar el grado de conocimiento que manifiestan tener los agentes encuestados de las obligaciones legales de transparencia que afectan a la propia organización, puede advertirse que los resultados no alcanzan el nivel de conocimiento deseable. En este sentido, se ha pedido a los agentes que valoren del 1 al 5 el grado de conocimiento de las obligaciones legales de transparencia que afectan a su organización, siendo 1, Nada; 2, Poco; 3, Suficiente; 4, Bastante; y 5, Mucho, lo que queda representado en el gráfico 8.

Como puede apreciarse, el grado medio de conocimiento de las obligaciones legales de transparencia que los agentes manifiestan tener se sitúa en torno a un 3 (empresas cotizadas y no cotizadas) y un 3,5 (organismos reguladores y de  control), es decir, suficiente; pero sin que, en ningún caso, llegue a niveles óptimos de conocimiento (4 ó 5).

Este nivel medio de conocimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los agentes encuestados sorprende en mayor medida si se tiene en cuenta que, al menos, un 80% de las instituciones y empresas que participaron en el estudio de campo declararon disponer en su respectiva organización de un departamento jurídico o asesoría legal que oriente en materia de transparencia e información que debe hacerse pública. En el gráfico 9 se muestra la situación.

Por las razones apuntadas anteriormente, el objetivo de los siguientes apartados es resaltar las contradicciones entre percepción, conocimiento y práctica de la transparencia e indagar en las posibles causas de las mismas, por otra parte, no siempre atribuibles al sector, sino a otros factores exógenos a la política organizacional que inciden también en la transparencia, como la gran dispersión normativa o la falta de claridad legal, según se describe en este estudio.