La transparencia como elemento de buen gobierno, tanto de organizaciones empresariales, como de instituciones públicas, constituye una pieza clave en la estabilidad y credibilidad de los sectores público y privado, en general, de cualquier economía y, por tanto, de la española.
Lo es, igualmente, para todo sector, en general, y, para el audiovisual, en particular. Esta máxima se ha reforzado, en las dos últimas décadas, tanto desde instituciones públicas con la proyección pública del Defensor del Pueblo Europeo, por ejemplo, como desde documentos pensados para el sector privado, como es el caso del Informe Aldama, en España.
Si a esta idea, teórica y doctrinal, se une la convicción generalizada y, a menudo, recordada en una abundante casuística por el Tribunal Constitucional español, de que el sector audiovisual contribuye de forma especial a la creación y formación de una opinión pública libre, garantía institucional de los sistemas democráticos, se deducirá fácilmente la hipótesis que maneja el presente Informe, a saber, que la transparencia y el buen gobierno en los agentes audiovisuales, públicos y privados, garantizan la estabilidad y la credibilidad del sector audiovisual, permiten que éste sea verdaderamente plural y coadyuvan a la formación de una auténtica opinión pública libre. Por lo mismo, a mayor transparencia (audiovisual), mayor profundización en la democracia. La transparencia audiovisual así entendida se traduciría en una práctica de rendición de cuentas sobre el correcto cumplimiento de la función (democrática) de los agentes
que conforman el sector.
Partiendo de esta hipótesis se ha pretendido indagar hasta qué punto el sector audiovisual tiene interiorizada la visión de la transparencia que se propone en este estudio, comprende su verdadera importancia y actúa de forma coherente con esta idea. Para ello, se han ido determinando, sucesivamente, los siguientes marcos conceptuales: 1º) qué debe entenderse por transparencia audiovisual; 2º) qué relación guarda con el derecho de acceso público a la información en poder de instituciones y empresas audiovisuales; 3º) qué prácticas favorecen la transparencia del sector audiovisual español.
Con este marco conceptual se ha contrastado la práctica real del sector audiovisual español con el objeto de identificar: 1º) la percepción y comprensión del sector sobre dicho marco conceptual; 2º) las posibles divergencias e incoherencias entre el “deber ser” y el “ser” de la transparencia, así como las posibles causas, tanto endógenas como exógenas, de la actitud de los agentes audiovisuales españoles; 3º) las circunstancias que llevan al legislador a fomentar
la opacidad y el grado de incidencia que ello tiene en el sector audiovisual doméstico; 4º) cuándo el sector se sitúa por delante del legislador en prácticas de transparencia sin que ello, en realidad, venga exigido por norma jurídica alguna, asumiendo principios de buen gobierno corporativo.
El análisis de estos dos planos, el del “deber ser” de la norma y el del “ser” de la praxis real del sector, se realiza a través del estudio de campo que recoge el  presente Informe. A tal fin, el estudio se ha dividido en dos partes: por un lado, el envío de una encuesta de baremación a los agentes audiovisuales españoles y, por otro, el análisis de las páginas web institucionales y corporativas de los agentes que integran el sector audiovisual español.
La encuesta, distribuida electrónicamente a los agentes audiovisuales españoles, constaba de 55 preguntas mediante las cuales el agente debía (1º) definir la transparencia, a través de sus componentes; (2º) reflejar el grado de transparencia que estimaba dejaban patente sus propias actuaciones y actitudes; (3º) indicar las perspectivas de transparencia del sector audiovisual, lo que supondría aclarar el grado de compromiso con la transparencia que el propio agente audiovisual estaría dispuesto a asumir.
Los agentes identificaron la clase de institución o empresa que son y el área de actividad audiovisual en la que operan. Sus respuestas han permitido obtener gráficos con datos de conjunto del sector y con datos desagregados en función de la pertenencia a tres modalidades de agentes: organismos reguladores y de control, empresas cotizadas y empresas no cotizadas del sector audiovisual. Cuando el detalle de las respuestas podría ser particularmente interesante, los elementos de reflexión –componentes, requisitos, medidas, etc., de transparencia han sido analizados uno a uno y las gráficas que se presentan muestran los niveles de respuesta de cada uno de los tres grupos de agentes del sector audiovisual.
Las unidades de medida utilizadas han sido, en muchas ocasiones, porcentuales. Otras veces,  el grupo ha dado un valor óptimo a una respuesta ideal y, en consecuencia, ha relativizado las respuestas de los agentes. Por supuesto, las valoraciones a que se ha sometido al sector audiovisual son las decantadas por el grupo a lo largo de dos años de trabajo y permiten todas las discusiones que cualquier trabajo científico puede admitir.
La encuesta electrónica fue precedida por un contacto telefónico, destinado a identificar, por su nombre y apellidos y por su cargo, a la persona indicada para responder a esta encuesta.
La encuesta se envió acompañada de una carta electrónica, que explicaba el proyecto, los objetivos de la investigación y la forma de abordar las preguntas.
Por fases, el trabajo de campo ha comprendido:
1ª) Identificación de los agentes objeto de estudio. En esta fase se identificaron los agentes del sector audiovisual a quienes se iba a dirigir el estudio. Se hizo una selección de 1750 agentes que incluía: a) organismos públicos reguladores y asesores del sector audiovisual; b) empresas audiovisuales públicas; c) empresas audiovisuales privadas, distinguiendo entre televisiones
(nacionales, autonómicas y locales), emisoras de radio, productoras, distribuidoras y exhibidoras de cine.
Estos 1750 agentes se redujeron a partir de criterios discrecionales (volumen de negocio, volumen de ayudas públicas, relevancia social, y representatividad dentro del sector). A su vez, del grupo seleccionado se recabaron, de diferentes fuentes (Agenda de la Comunicación, Internet, bases de datos públicas), los datos identificativos para proceder al envío afinado de una encuesta de baremación. El listado definitivo de agentes experimentó otro proceso selectivo que ha dado cabida a instituciones públicas y privadas cuyos datos están públicamente disponibles o son completamente correctos.
2º) Elaboración de una encuesta destinada a medir el grado de transparencia en el sector audiovisual. Como se ha anticipado, la encuesta se componía de 55 preguntas organizadas en los apartados citados arriba.
4º) Envío de la encuesta de baremación y recepción de las misma cumplimentada por los agentes del sector audiovisual que manifestaron interés por incorporarse al estudio de campo.
5º) Evaluación del nivel de respuesta por parte del sector audiovisual. El total de encuestas de baremación, destinadas a medir el grado de transparencia del sector audiovisual y, remitidas a los diferentes agentes, permite ofrecer algunos datos y conjeturas iniciales: a) Ninguna empresa audiovisual pública ha respondido. b) De las empresas privadas que responden la encuesta, la mayoría son participadas accionarialmente por grupos de comunicación que cotizan en bolsa. Un porcentaje menor corresponde a empresas privadas no cotizadas. c) Esta menor participación de las empresas no cotizadas puede deberse a un menor grado de interiorización de las prácticas de transparencia e información, a las que, en cambio, sí están más habituadas, en principio, las empresas cotizadas por imperativo legal.
6º) Baremación de los datos cuantitativos y cualitativos recibidos por parte de las instituciones/empresas que respondieron a la encuesta remitida. En la elaboración de los resultados finales se procedió a la correspondiente disociación de datos de los actores que participaron en el estudio de campo.
El análisis de los sitios web de todos los agentes del sector pretendía identificar la coherencia o incoherencia, en su caso, entre lo que afirmaban los agentes y su práctica de la transparencia.
Se ha considerado que los sitios web son una ventana de las instituciones públicas y privadas, a los que, legalmente, hay obligación de subir determinados datos. Se han analizado 120 sitios correspondientes a organismos reguladores y de control con competencias en el sector audiovisual, consejos audiovisuales, asociaciones y federaciones profesionales, así como empresas públicas y privadas audiovisuales. Los elementos analizados respondían a tres zonas de interés: información y documentación corporativa/institucional, transparencia general de los agentes, usabilidad de las páginas web. Diecinueve aspectos distintos fueron analizados para determinar el grado de información y de documentación a  disposición del público.
Doce aspectos distintos fueron valorados a la hora de dictaminar si las empresas son o no transparentes y, por fin, cuatro variables fueron consideradas para establecer el grado de usabilidad del sitio web audiovisual. Las referencias a todos ellos se encuentran en las gráficas correspondientes. Mientras que las empresas cotizadas parecen ser más transparentes, en general, y ofrecer más información/documentación propia, son las empresas no cotizadas las que ofrecen unos sitios más “usables”.
Es importante señalar que tanto los resultados obtenidos de las encuestas de baremación como de los sitios web analizados han sido disociados del agente titular de los mismos a efectos de preservar la confidencialidad.
La estructura de esta investigación responde así a un conjunto de preguntas con las que se ha pretendido llamar la atención del sector audiovisual español y centrar sus inquietudes o alterar su indiferencia: 1º ¿Por qué el sector audiovisual español debe ser transparente?
2º El sector audiovisual español ¿entiende el significado de la transparencia? ¿Se considera transparente este sector? ¿Lo es, en la práctica? 3º ¿Qué es la transparencia informativa para los agentes del sector audiovisual español? 4º El derecho de acceso a la información ¿favorece la transparencia en el sector audiovisual español? 5º ¿Garantiza el sector audiovisual español el derecho de acceso público a la información? 6º ¿A qué ámbitos hay que referir la transparencia informativa del sector audiovisual? 7º ¿Qué consecuencias societarias derivan de la transparencia del sector audiovisual? 8º ¿Cuándo las políticas audiovisuales son transparentes? 9º La buena gobernanza en el audiovisual ¿guarda relación con la transparencia y el derecho de acceso a información y a documentación del sector? 10º ¿Cómo hacer para ser un agente audiovisual más transparente? 11º ¿Puede mejorar el sector audiovisual español sus niveles de transparencia en los próximos 5 años? Finalmente, se propone un decálogo de la transparencia audiovisual para el sector audiovisual.